La Defensoría del Pueblo emitió una alerta para los municipios de Algeciras y Campoalegre, Huila, ante la probabilidad de confrontaciones armadas con efectos humanitarios y violencia selectiva a causa de la disputa territorial que podrían establecer el Frente Iván Díaz, la Compañía Árlex Vargas y la Segunda Marquetalia.
El escenario de riesgo se define por la convergencia de tres estructuras con pretensiones de dominio: el Frente Iván Díaz (del Bloque Jorge Suárez Briceño, del autodenominado y disidente Estado Mayor de Bloques y Frente, EMBF), que mantenía un control consolidado; la Compañía Árlex Vargas (del Bloque Central Isaías Pardo, del autodenominado y disidente Estado Mayor Central, EMC), que ingresó en 2025, y la incursión de la Segunda Marquetalia, que busca retomar el control histórico de la zona.
Sitios en peligro
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, para Algeciras, se encuentra en peligro la cabecera municipal, los corregimientos El Paraíso (nuevo y viejo), La Arcadia y El Toro, así como sus veredas Alto Cielo, Alto de Legias, Alto Río Neiva, Bajo Roble, Bellavista, Buenavista, Colón, La Laguna, El Bosque, El Kiosko, El Paraíso, La Arenosa, La Arenosa Ceibas, La Argelia, La Cascajosa, Las Damitas, Manzanares, Naranjos Altos, Naranjos Bajos, Pinares, Primavera, Roble, entre otras.
En el caso de Campoalegre, para su casco urbano y las veredas Llano Sur, La Candelaria, La Vuelta, El Rincón, Llano Norte, Piravante Alto, Horizonte, Los Planes, Buenos Aires, Río Neiva Bajo, La Sardinata, San Isidro, Buenavista, Chía, Palmar Bajo, Los Rosales, Palmar Alto, San Miguel, Vilaco Bajo, San Isidro Bajo, La Esperanza, Piravante Bajo, El Esmero, Las Pavas, Potosí, Venecia, Guayabo, además de otras.
Estos municipios son estratégicos por sus corredores naturales y viales que conectan Huila con Caquetá (específicamente con San Vicente del Caguán y Puerto Rico) y con la Ruta 45 (vía nacional), facilitando así la movilidad de recursos y el afianzamiento de economías ilegales.
La Defensoría alerta sobre la posible réplica de patrones de confrontación observados en el norte del Caquetá, que incluyen combates abiertos, uso de drones y explosivos improvisados.
La violencia ya muestra signos de recrudecimiento, pues en Algeciras hubo 29 homicidios en 2025, situación que coincide con las tensiones entre facciones disidentes. La entidad, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado eventos como el homicidio del vicepresidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Santuario, ocurrido en enero del 2026, y ataques con explosivos a establecimientos comerciales y estaciones de servicio.
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo los grupos armados ilegales están ejerciendo una gobernanza armada mediante la imposición violenta de pautas de control social, restricciones a la movilidad y la masificación de la extorsión contra comerciantes, transportadores y el sector arrocero. Se ha reportado la utilización de “boletas” de citación y la cooptación de liderazgos comunales para difundir mensajes de las estructuras al margen de la ley, bajo la amenaza de ser declarados objetivo militar.
Asimismo la Defensoría del Pueblo argumenta que las niñas, los niños y adolescentes están expuestos al reclutamiento forzado, uso y utilización, especialmente en zonas de cordillera y centros poblados rurales.
Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo insta al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Unidad Nacional de Protección, a la Fiscalía General de la Nación, entre otras entidades, a implementar medidas. La solicitud la hace para que sean protegidas la vida e integridad de los habitantes de Algeciras y Campoalegre.
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