Un juzgado de Bogotá ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella que suspendan “operaciones aéreas ofensivas” específicamente ‘bombardeos’ sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados por grupos armados.
La medida cautelar cobija a la Presidencia, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, entre otras autoridades. Según la decisión, antes de ejecutar un bombardeo deberán verificarse las condiciones de la operación y evaluar medidas de protección y posibles alternativas menos lesivas cuando se tenga información sobre menores.
El fallo permanecerá vigente mientras se adopta una decisión de fondo dentro de la acción de tutela.
La medida ya causa debate sobre el reclutamiento infantil y el uso de los mismos en los grupos al margen de la ley.
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