De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial – ONSV, en 2021 fallecieron en Colombia 7.238 personas en accidentes de tránsito, mientras que en la vigencia 2022 fueron 8.032. La clase de víctima más afectada, fue la de los usuarios de motocicleta con un total de 4.808 registros, lo que representa el 59.86% del total de fallecidos, seguidos por peatones con el 21.35% y usuarios de vehículos con el 7.63%.
La caracterización de las victimas arroja la siguiente información: El género masculino es el más afectado en accidentes de tránsito, la proporción en el caso de muertes alcanza el 81,82% de los casos. En cuanto a la edad en ambos géneros, el mayor número de fallecidos se encuentran entre 15 y 35 años, con el 45,43%.
En el Departamento del Huila el panorama no es nada alentador, en el 2021 hubo un total de 270 víctimas y en 2022 la cifra ascendió a 322, con un incremento del 19.26%. Para el caso del Municipio de Campoalegre, el año 2022 cerró, con 15 víctimas fatales por accidentes de tránsito.
En todos los casos, cinco son los factores de riesgo en las muertes y lesiones por accidentes de tránsito: La conducción bajo los efectos del alcohol, el exceso de velocidad y la no utilización del casco, el mal estado de las vías, el uso de elementos de telefonía móvil y otras tecnologías a bordo de los vehículos y por último, el no acatamiento de las normas de tránsito sumado a la falta de cultura ciudadana.
Tal como lo muestran las estadísticas del observatorio, éstas tienden a crecer en lugar de disminuir, no obstante, los esfuerzos de las instituciones, entidades y organismos competentes del ámbito nacional, departamental y municipal dirigidos a su reducción. Se reconoce el interés y la labor del Director del Instituto de Transportes y Transito del Huila, quien ha venido liderando importantes campañas de seguridad vial, orientaciones pedagógicas y presencia institucional en todo el Departamento.
Si estamos de acuerdo, que buena parte de los problemas de movilidad y de los accidentes que como consecuencia de ello se generan, son en buena parte una asunto de falta de cultura ciudadana, también debemos estarlo, en que las instituciones del estado, particularmente las entidades territoriales por ser autoridades de tránsito, además de tener el contacto directo con la ciudadanía, no han abocado con seriedad la implementación de programas verdaderamente estructurados, con el fin de iniciar el proceso de creación de la citada cultura ciudadana por lo menos en este aspecto de tantas implicaciones.
Dos caminos pueden identificarse rápidamente para iniciar el proceso de valoración de este riesgo y de las graves consecuencias, que acarrean los accidentes de tránsito:
En primer lugar, se está en mora de iniciar a dar cumplimiento a la Ley 1503 de 2011, donde se establece la catedra de educación vial obligatoria en colegios y escuelas públicas y privadas, que ofrecen los niveles de educación preescolar, básica primaria y básica secundaria, ya que desde la niñez se estarían promoviendo la formación de hábitos, comportamientos y conductas, que le permiten al niño, joven y adolescente, comprender y respetar las normas de tránsito y así contribuir a prevenir accidentes viales, al igual que preparar al estudiante para circular por la vía pública con reconocimiento pleno de los deberes como peatón, propiciando actitudes de precaución y prevención permanente, manteniendo una constante atención del entorno.
En segundo lugar, los programas de salud pública relacionados con la prevención de la enfermedad y la promoción de hábitos de vida saludable, no obstante, la importante inversión de recursos públicos que en ellos se destinan, o no están contemplando en sus contenidos estos aspectos de fallecimientos evitables, o no se están obteniendo los resultados deseables en términos del impacto en la sociedad para generar conciencia del riesgo y en la valoración de la salud y de la vida por parte de la ciudadanía.
Sí se diera aplicación, de una parte, a la citada Ley 1503 de 2011 y de otra, a la inclusión de este aspecto en los contenidos de los Planes de Intervenciones Colectivas en Salud PIC, estoy seguro que se aportaría significativamente a la disminución de las estadísticas de mortalidad y de lesionados en accidentes de tránsito y de las tremendas implicaciones en el trauma individual, familiar y social que esto acarrea, amén de los costos que le representa al sistema de salud y en general al Estado, la atención de los accidentes y de sus afectados.
Por: Andrés Felipe Doblado Díaz
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